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Del casi reciente Societas delinquere non potest al actual Societas delinquere potest. En cuestión de cinco años y poco más se ha implantado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, de una manera un tanto carente de interpretaciones jurídicas objetivas, lo que ha conllevado a dos reformas sobre el mismo. Comienza con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica el anterior Código Penal, que lejos de quedar claro a qué hay que atenerse solo redundaría en una suerte de grosso modo de lo que se pretende, para pasar a la Ley Orgánica 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en el que se incluye a partidos políticos y sindicatos como sujetos penalmente responsables, y la última, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en el que se añade la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de haber implementado una “cultura de respeto al Derecho”, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de las personas físicas que integren la empresa, del cual se ha de manifestar de algún modo con formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos.

Ocurre que lo que bien pareciera que tendría que estar acotado los pormenores de dicha responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de estas reformas del Código Penal, ha habido lugar unas sentencias posteriores del Tribunal Supremo que si bien perfilan el tratamiento procesal y por ende, los fundamentos en que se basa la responsabilidad penal, no hay más que reflejar que queda mucho que hacer –y delimitar, por cuanto hay magistrados que dicen, a través del voto particular en la sentencia, y piénsese que hay un dicho que viene a decir que el voto particular de hoy es la sentencia del mañana, que algunas cuestiones relativas a los requisitos exigibles para declarar la responsabilidad penal de las empresas no son bien del todo recibidas. Y no solo eso, discrepan que el núcleo de la tipicidad sea la ausencia –en la persona jurídica- de medidas eficaces de control y prevención del funcionamiento interno ante los 29 posibles delitos que hay tipificados en el Código Penal para con las personas jurídicas.

En las sentencias del Tribunal Supremo que responsabilizan penalmente a las personas jurídicas se viene a concluir que los requisitos para la responsabilidad penal de las personas jurídicas son por un lado la comisión de un delito de entre los que hay actualmente catalogados en el Código Penal del que se puede ser responsable, y que la persona física que ha cometido el delito debe de ser parte de la persona jurídica. En cuanto a su fundamento, que el delito haya sido producido por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, término que la sentencia acoge como relevante y/o esencial a efectos de concluir que en definitiva lo que se busca es un traspaso a la sociedad empresarial o mercantil de nuestro país, de que son estas mismas las que habrán de perseguir y antes bien, prevenir los delitos que puedan cometerse en ella. De hecho, aquellas personas jurídicas creadas exclusivamente para delinquir, las creadas ad hoc para la infracción penal, han de quedar al margen del régimen de responsabilidad incluso, por notoria evidencia, porque ya prevalece el carácter ilícito de la misma, o dicho de otro modo y por el Tribunal Supremo, que ni cabe: “pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de ella, […] respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia” (STS 154/2016, de 29 de febrero).