Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social | Penal.cat

Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social

• Se protegen los intereses económicos del Estado y CCAA, Forales y Entidades Locales; la Hacienda pública (desde 120.000 €), Seguridad Social (desde 50.000 €) ,y la Hacienda de la Unión Europea (desde 50.000 €).
• Son delitos de acción u omisión.
• Se exime de responsabilidad: el obligado reconozca y pague antes de ser notificado del inicio de las actuaciones.


Fraude tributario (art. 305.1 CP).
Pena de prisión 1 a 5 años / Multa correspondiente al séxtuplo.

  • Por acción u omisión en el que se defraude a la Hacienda pública.
    • Defraudación.
    • Engañar (se excluye la imprudencia).
  • Ley penal en blanco.
  • Bien jurídico son los intereses económicos del Estado, CCAA, Forales y Locales.
  • Sujeto activo: obligado al pago que realiza la conducta típica.
  • Sujeto pasivo: Hacienda estatal, autonómica, foral o local.
  • Participación: representantes legales en el caso que el sujeto no tenga capacidad de obrar son autores.

Conductas:
– Elusión del pago de tributos.
– No ingresar las cantidades retenidas o no retener las que haya obligación de hacerlo.
– Obtención indebida de devoluciones.
– Disfrute indebido de beneficios fiscales.

  • Solo son posibles las conductas dolosas, suficiente el dolo eventual.

Causa de justificación:

  • Estado de necesidad no es posible.

Cuantía del fraude y periodo evaluable:
• Ha de superar los 120.000€.
• El periodo se referir a un año.

  • Consumación: cuando transcurre el último día hábil del plazo legalmente establecido para efectuar la declaración voluntaria.
    Las personas jurídicas pueden ser responsables criminalmente.

Defraudación contra la Hacienda de la Unión Europea:

  • El límite son 50.000€ (la cuantía debe exceder esta cifra en un periodo anual).
  • Si no se superan los 50.000€ y son superiores a 4.000€, sólo conlleva una la pena de prisión de 3 meses a 1 año.

Regularización tributaria:

  • Cuando se haya procedido por el obligado al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que haya sido notificado del inicio de las actuaciones.
  • Tres supuestos:
    1) Reconozca y pague antes de haber transcurrido 4 años (que es el término de plazo de prescripción).
    2) Antes de que se interponga querella o denuncia (cuyo plazo es de 5 años).
    3) Desde la fecha de consumación del delito (antes que realice el Ministerio Fiscal o Juez actuaciones).

Otros efectos:

  • Satisfacción de la deuda una vez prescrita la vía administrativa.
  • Impide la persecución de irregularidades y falsedades instrumentales previas.

Liquidación tributaria y presunto delito fiscal:
1) Liquidaciones tributarias cuando aparezcan indicios de comisión de delito (la Hacienda pública podrá liquidar por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito).
– Es potestativo de la Administración tributaria.
2) La tramitación de la liquidación de conceptos y cuantías vinculadas a un presunto delito fiscal (la liquidación indicada seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos de propios de toda liquidación tributaria).
3) Cobro de la deuda tributaria cuando exista un procedimiento penal por delito (la existencia no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria).

Supuestos atenuados:

  • Posibilidad de rebajar la pena en uno o dos grados.
  • Antes de que transcurran dos meses desde la citación el imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca los hechos.
  • Aplicable a los participes en el delito.

Supuestos agravantes:

  • La cuantía exceda de 600.000€.
  • Se produzca en el seno de una organización o de grupo criminal.
  • Utilización de personas físicas o jurídicas que oculte o dificulte la determinación del obligado tributario.
  • Son los jueces los que deciden la ejecución de la pena de multa y responsabilidad civil y no la Administración tributaria.
  • Remisión al art. 305 CP.: Perdida de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas.

Delitos contra la Seguridad Social (Art. 307 CP).
Pena de prisión de 1 a 5 años / Multa correspondiente al séxtuplo.

• Se trata de un delito por acción u omisión con finalidad defraudadora.
• No caben las conductas imprudentes y es preciso el ánimo de lucro.
• La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación.
• Bien jurídico protegido: el patrimonio de la Seguridad Social.
• Sujeto activo: el obligado que elude el pago.
• Sujeto pasivo: la Seguridad Social.
• Para determinar la cuantía se estará al importe total defraudado durante 4 años.

Regularización de la deuda y exención de responsabilidad:

  • El obligado haya reconocido y pagado la deuda antes de ser notificado de la iniciación de las actuaciones.
  • Impide que se le persiga por posibles irregularidades contables u otras falsedades en relación con la deuda objeto de regularización.

Liquidación y cobro de la deuda mediante procedimiento penal por delito:

  • No paralizará el procedimiento administrativo.
  • Ejecución de la pena de multa y responsabilidad civil.
  • Importe de la deuda que no haya liquidado incluido los intereses de demora.

Supuestos atenuados.

  • Rebajar la pena en 1 ó 2 grados.
  • Si antes de que transcurran 2 meses de la citación judicial, satisfaga la deuda y reconozca los hechos.

Supuestos agravados.

  • La cuantía defraudada excediera de 120.000€.
  • Se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
  • Utilización de personas físicas o jurídicas para dificultar la determinación del obligado.

A) Disfrute de prestaciones del sistema de Seguridad Social por medio de error provocado u ocultación de hechos:

  • A quien obtenga para sí o para otro el disfrute de prestaciones.
  • Es necesario que se cause un perjuicio a la Administración.
  • Supuestos agravados:
    • El valor de las prestaciones sea superior a 50.000€.
    • Organización criminal.
    • Utilización de personas.

B) Exención de responsabilidad criminal por el reintegro de la cantidad recibida:

  • Exento el que reintegre el equivalente al valor de la cantidad recibida incrementada en el interés anual.
  • Antes de que el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado interponga querella.

C) Exención de responsabilidad penal por falsedades instrumentales previas a la regularización:
La exención anterior alcanzará por las posibles falsedades instrumentales.

D) Reintegro de las prestaciones indebidas en los supuestos de existencia de un procedimiento penal:

  • La existencia de un procedimiento penal no impedirá que la Administración exija el reintegro por vía administrativa, ni paralizará la acción de cobro de la Administración competente.
  • Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, se recabará el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social.

Fraude y malversación de subvenciones (Art. 308 CP).

Pena de prisión de 1 a 5 años / Multa correspondiente al séxtuplo.

A) Fraude de subvenciones:

– Quien obtenga subvenciones o ayudas por valor superior a 120.000€.

– Debe tener un comportamiento previo falsario conseguir de forma ilícita la subvención.

– Solo es posible la comisión dolosa.

– No podrá operar el error de tipo.

B) Malversación de subvenciones:

– En el desarrollo de una actividad lo haga con fines distintos a aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida.

Determinación de la cantidad defraudada:

– Se estará al año natural.

El reintegro de subvenciones o ayudas y exención de responsabilidad criminal:

            – El reintegro habrá de incrementarse el interés de demora correspondiente.

            – El reintegro impide la persecución por falsedades instrumentales previas.

Existencia de procedimiento penal y cobro por la Administración de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas.

– No impedirá que la Administración exija el reintegro por vía administrativa.

– Suspensión judicial de la ejecución del cobro iniciado por la Administración.

– No paralizará la acción de cobro.

– El juez podrá acordar la suspensión por dispensa total o parcial.

Supuestos atenuados:

– Rebajar la pena en 1 ó 2 grados.

– Reintegro en el plazo de 2 meses desde que fue citado como imputado.

Suspensión de la ejecución de la pena:

– Que el penado haya abonado la deuda tributaria.

– No se concederá cuando conste que ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.

– Revocación de la suspensión: cuando el penado no dé cumplimiento al compromiso de pago.

– Insuficiencia patrimonial del responsable: se puede hacer una propuesta de fraccionamiento acorde con la capacidad del sujeto.


Defraudación contable (Art. 310 CP).

Pena de prisión de 1 a 5 años / Multa correspondiente al séxtuplo.

A) Omisión de contabilidad, libros o registros fiscales:

– Al que estando obligado a llevar contabilidad lo incumpla.

– Delito de omisión.

B) Doble contabilidad:

– Contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.

– Para que se perfeccione el delito es necesario que persiga fines defraudatorios tributarios.

C) Omisiones o alteraciones contables:

– No hubiere anotado en los libros negocios, actos, operaciones.

– Hubiere anotados cifras distintas de las verdaderas.

– 2 conductas: omisiva y consciente.

D) Anotaciones contables ficticias:

– Podía quedar incluida en el apartado anterior.

– La conducta ha de poner en peligro la efectividad dela obligación tributaria.

– Requisitos:

            • Que se haya omitido las declaraciones tributarias o las presentadas fueran reflejo de la falsedad.

            • Comportamiento dolosos.

            • Error de tipo, vencible o invencible.

Responsabilidad de las personas jurídicas:

– La pena de multa está en función de la pena de prisión corresponderá al delito cometido por una persona física.


Procedimiento sancionador y delito contra la hacienda pública.

• Cuando la Administración Tributaria aprecie indicio de delitos debe comunicárselo al Ministerio Fiscal.

– Pasará el tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente.

– En estos casos se abstendrá de iniciar o continuar el procedimiento.

• Supuestos de regularización.

– Mediante el reconocimiento y pago de la deuda.

– No pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.

• Prescripción.

– Los delitos prescriben a los 5 años cuando el límite superior de la pena no supere los 5 años.

– A los 10 años donde el máximo de la pena es de 6 años.

– El relativo a la Ley General Tributaria es a los 4 años:

            – La Administración determinará la deuda mediante la oportuna liquidación.

            – Derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas.

            – Derecho de solicitar las devoluciones de ingresos indebidos.

            – Derecho a obtener devoluciones de la normativa de cada tributo.

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