Torturas, integridad, trata de seres humanos | Penal.cat

Torturas y otros delitos contra la integridad moral y de la trata de seres humanos

I. Delitos contra la integridad moral.


1. Tratos degradantes. El art. 173.1.1ª CP castiga al que infringiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.

Pena: prisión de seis meses a 2 años.

Sujeto activo y pasivo: puede ser cualquiera.

Resulta problemático determinar lo que debe entenderse por integridad moral. El CP no resuelve esta cuestión. Otra cuestión que se plantea es si es suficiente con un acto de trato degradante o si se precisa una conducta reiterada. Será suficiente un acto si es grave.


2. Actos hostiles o humillantes en el ámbito laboral o funcionarial. El art. 173.1.2ª CP castiga a los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro, de forma reiterada, actos hostiles o humillantes que supongan grave acoso contra la víctima.

Pena: prisión de seis meses a dos años.

Los elementos del delito son:

a) Realización reiterada de actos hostiles o humillantes. Requiere una conducta repetida, que se tendrá que entender que tiene lugar en espacios de tiempo próximos. Los actos humillantes han de ser de intensidad moderada.

b) Los actos han de suponer grave acoso contra la víctima.

c) La conducta ha de tener lugar en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial.

d) El sujeto activo del delito ha de realizar los actos prevaliéndose de su relación de superioridad.


3. Actos hostiles o humillantes para impedir el disfrute de la vivienda. El art. 173.1.3º CP castiga al que, de forma reiterada, lleve a cabo acto hostiles o humillantes que tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Pena: prisión de seis meses a 2 años.


4. Violencia física o psíquica habitual en el ámbito doméstico. El art. 173.2 CP castiga al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitada de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentra integrada en el núcleo de la convivencia familiar, así como son las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Pena: prisión de seis meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años y, en su caso, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona discapacitada, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años. La habitualidad se produce por la reiteración de conductas contra cualquiera de las personas reseñadas. No puede apreciarse la agravante de parentesco.

Bien jurídico: se protege, además de la integridad corporal y la salud física o psíquica, la dignidad de la persona en el ámbito doméstico. Es un delito de peligro abstracto.


5. Concurso. Estaremos ante un concurso de delitos cuando quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre las personas referidas cause otras lesiones tipificadas como tales en el CP.


Supuestos agravados. Cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetre en presencia de menores o utilizando armas o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realicen quebrantando una pena o una medida cautelar, se impondrán las penas en su mitad superior.


6. Habitualidad. Para apreciar la habitualidad a qué se refiere el precepto, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre una o diferentes víctimas y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento. Tanto la jurisprudencia como parte de la doctrina consideran que se da la habitualidad con la repetición de tres hechos en un periodo de tiempo no muy lejano.


7. Injuria o vejación injusta de carácter leve. El art. 173.4 CP castiga a quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuese una de las personas referidas en el artículo 173.2 CP.

Pena: localización permanente de 5 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de uno a cuatro meses.

Perseguibilidad: las injurias solamente serán perseguibles a instancia de parte.


8. Atentados contra la integridad moral cometido por autoridad o funcionario público. El art. 175 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atentare contra la integridad moral de una persona.

Pena: prisión de 2 a 4 años si el atentado fuese grave, y de seis meses a 2 años si no lo fuese. En ambos supuestos se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años.

Se trata de un delito especial. Es necesario que la autoridad o funcionario público actúe con abuso de su cargo. Solo son posibles las conductas dolosas.


II. Torturas.

1. El delito de torturas. Concepto. El art. 174.1 CP establece que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla o, por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la someta a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales, o que atenten contra su integridad.

Pena: prisión de 2 a 6 años si el atentado fuese grave, y de 1 a 3 años si no lo es. Para ambos casos, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.

La finalidad de la conducta es obtener una confesión o información o castigar a una persona.

Bien jurídico protegido: integridad moral de todos los ciudadanos

Es un delito especial, pues solo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos. Las formas son dos:

a) Para obtener una confesión o información de una persona.

b) Para castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

Elemento subjetivo: solo es posible la comisión mediante dolo directo. Ha de concurrir el elemento subjetivo de someter al sujeto pasivo a determinadas condiciones para intentar obtener una confesión o información. No cabe el dolo eventual.

Formas de ejecución: la consumación del delito se produce en el momento en que el sujeto activo ha realizado cualquiera de los actos que atenten contra la integridad moral del sujeto pasivo. No es necesario que consiga el resultado que persigue. Es posible la tentativa.

2. Supuestos equiparados a la tortura. El art. 174.2 CP castiga a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o centros de menores que cometiera, respecto de detenidos, internos o presos, los actos de tortura recogidos en el artículo anterior.

Pena: prisión de 2 a 6 años, si el atentado fuese grave, y de 1 a 3 años si no lo es. Además, para ambos casos se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.

3. Delitos contra la integridad moral en comisión por omisión. El art. 176 CP dispone que se impondrán las penas establecidas en los artículos anteriores a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiera que otras personas ejecuten los hechos previstos en él. Se trata de delitos en comisión por omisión.

a) Torturas.

Hay autoridades o funcionarios públicos que, por su posición de garante, tienen el deber de evitar que sus subordinados realicen cualquiera de las conductas citadas en el artículo 174 CP. En caso contrario, incurrirán en un delito de tortura en comisión por omisión.

Pena: prisión de 2 a 6 años si el atentado fuese grave, y de 1 a 3 años si no lo es. Además, para ambos casos, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.

b) Otros delitos contra la integridad moral.

4. Concurso. Si, además del atentado a la integridad moral, se produjera lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos con la pena que les corresponda por los delitos cometidos.


III. Trata de seres humanos.

1. Tipo básico. El art. 177 bis.1 CP castiga al que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega u ordenación de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las siguientes finalidades:

1º La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad.

2º La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

3º La explotación para realizar actividades delictivas.

4º La extracción de sus órganos corporales.

5º La celebración de matrimonios forzados.

Pena: prisión de 5 a 8 años.

Bien jurídico protegido: libertad, dignidad e integridad física y moral de las personas, así como su salud. La consumación de estos delitos se produce con la conducta típica de captar, transportar, etc., con la finalidad prevista en esos apartados. Si se llega a cometer alguno de estos delitos, estaremos ante un concurso. El delito ha de cometerse empleando violencia, intimidación o engaño o, abusando de superioridad, necesidad o vulnerabilidad.

2. Menores de edad. Se considera trata de seres humanos a cualquiera de las acciones indicadas en la parte anterior cuando se llevará a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación, aún cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados.

3. Irrelevancia del consentimiento. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante.

4. Supuestos agravados. Se contemplan diversos supuestos, en los que se impondrá la pena superior en grado a la prevista cuando:

a) Se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito.

b) La víctima sea especialmente vulnerable o sea menor de edad.

c) Si concurriese más de una circunstancia, se impondrá la pena en su mitad superior.

Delito cometido por autoridad, agente de la misma o funcionario público. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años cuando se realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Pertenecer a una organización o asociación, a sus jefes, administradores o encargados.

Se impondrá la pena superior en grado a la prevista e inhabilitación especial para profesión por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciese a una organización o asociación de más de dos personas que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de estas organizaciones se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

5. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

6. Provocación, conspiración y proposición. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados.

7. Concurso de delitos. En todo caso, las penas previstas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por el delito del artículo 318 bis CP y demás delitos activamente cometidos.

8. Reincidencia internacional. Las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por la mism naturaleza producirán los efectos de reincidencia.

9. Supuestos de exención de pena por infracciones penales cometidas por las víctimas de trata de seres humanos. La víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación haya sido consecuencia directa de la situación a que haya sido sometida y que exista una proporcionalidad entre dicha solución y el hecho criminal realizado.

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